Rosalinda Morales García
En la sesión plenaria del congreso local de hoy se presentó una iniciativa para reformar la Ley de Fiscalización del estado a fin de obligar a los Ayuntamientos a presentar sus cuentas públicas durante el mes de marzo del siguiente ejercicio fiscal anual y que inmediatamente que se corrobore daño patrimonial proceder a las denuncias que den pie al desafuero del alcalde o funcionario público que lo haya cometido, señaló el diputado local Alfredo Grajales Jiménez integrante de la comisión de Vigilancia del congreso local.
Precisó que esta propuesta busca dar respuesta al interes ciudadano por mejorar la fiscalización en el estado, en virtud de que a lo largo de su historia el ORFIS ha sido blanco de descalificaciones pues se advierte que la fiscalización que realiza no ha producido los resultados esperados para combatir eficazmente la corrupción y la impunidad de los servidores públicos deshonestos "y como ejemplo tenemos a los funcionarios alemanistas que aún siguen libres y con total impunidad", comentó el legislador.
Expuso entonces que esta iniciativa establece una reforma integral a la ley actual modificando 21 artículos, adicionándose 10 y se derogarán 7, por lo que tiene como objeto regular de manera eficaz la revisión y fiscalización de la gestión financiera de los Poderes Públicos, la de los Ayuntamientos y las de los Organos Autónomos de la entidad.
Dentro de las novedades y ventajas que esta ley pretende incluir resaltan la propuesta de "facilitar a la Comisión de Vigilancia el conocer con toda oportunidad, todas las etapas del proceso de fiscalización que realiza el Organo a los entes fiscalizables".
También propone "que todos los servidores públicos del Organo queden sujetos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz, la creación de la Unidad de Evaluación y Control adscrita a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, que estará facultada para vigilar el estricto cumplimiento de las funciones de los servidores públicos del Organo y en su caso, de aplicar las medidas disciplinarias y sanciones previstas en la Ley".
Asimismo pretende que "los Ayuntamientos presenten sus cuentas públicas durante el mes de marzo del año siguiente al del ejercicio fiscal anual que será objeto de revisión, ampliando y profundizando la fiscalización en los plazos para emitir observaciones y recibir su solventación correspondiente".
También establece plazos de solventación de los entes fiscalizables "únicamente en la etapa precedente al informe del resultado, con el objeto de facilitar la continuación del procedimiento de fiscalización y la emisión de 8 resoluciones definitivas, que permitan proceder con oportunidad en el fincamiento de responsabilidades contra los servidores públicos involucrados".
Se propone además ampliar los alcances de la fiscalización que realice el Organo a los entes fiscalizables cuyos resultados deberán presentar en su informe del resultado al Congreso del Estado, otro de los puntos propuestos es el de establecer que los servidores públicos fiscalizables obligados por ley a la presentación de las Cuentas Públicas que hayan incumplido este deber legal, por ello, "quedan sujetos a responsabilidad".
Y cuando se trate de responsabilidades determinadas por el Organo de Fiscalización Superior, que implicaron daño patrimonial a la Hacienda Pública, cuyas indemnizaciones y sanciones quedaron establecidas mediante resoluciones definitivas emitidas por el Auditor General "y una vez cumplidos los términos que la ley concede para interponer el recurso de revocación correspondiente, el Congreso, mediante acuerdo y dictamen de la Comisión de Vigilancia, solicitará a la Comisión Instructora instaurar de inmediato, el procedimiento para obtener la declaratoria de procedencia contra los servidores públicos que incurrieron en responsabilidad en los términos del título quinto de la Constitución Política".
El diputado Grajales añadió que con esta iniciativa se pretende dar cumplimiento a la función de fiscalización para cumplirlas, con los estándares de eficiencia, eficacia y economía en la gestión pública y sobre todo, reforzando la confiabilidad de la sociedad hacia nuestras instituciones, transparentando en todo momento la administración y rendición de cuentas del ejercicio de los recursos públicos y servicios a cargo de los entes fiscalizables, concluyó.
En la sesión plenaria del congreso local de hoy se presentó una iniciativa para reformar la Ley de Fiscalización del estado a fin de obligar a los Ayuntamientos a presentar sus cuentas públicas durante el mes de marzo del siguiente ejercicio fiscal anual y que inmediatamente que se corrobore daño patrimonial proceder a las denuncias que den pie al desafuero del alcalde o funcionario público que lo haya cometido, señaló el diputado local Alfredo Grajales Jiménez integrante de la comisión de Vigilancia del congreso local.
Precisó que esta propuesta busca dar respuesta al interes ciudadano por mejorar la fiscalización en el estado, en virtud de que a lo largo de su historia el ORFIS ha sido blanco de descalificaciones pues se advierte que la fiscalización que realiza no ha producido los resultados esperados para combatir eficazmente la corrupción y la impunidad de los servidores públicos deshonestos "y como ejemplo tenemos a los funcionarios alemanistas que aún siguen libres y con total impunidad", comentó el legislador.
Expuso entonces que esta iniciativa establece una reforma integral a la ley actual modificando 21 artículos, adicionándose 10 y se derogarán 7, por lo que tiene como objeto regular de manera eficaz la revisión y fiscalización de la gestión financiera de los Poderes Públicos, la de los Ayuntamientos y las de los Organos Autónomos de la entidad.
Dentro de las novedades y ventajas que esta ley pretende incluir resaltan la propuesta de "facilitar a la Comisión de Vigilancia el conocer con toda oportunidad, todas las etapas del proceso de fiscalización que realiza el Organo a los entes fiscalizables".
También propone "que todos los servidores públicos del Organo queden sujetos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz, la creación de la Unidad de Evaluación y Control adscrita a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, que estará facultada para vigilar el estricto cumplimiento de las funciones de los servidores públicos del Organo y en su caso, de aplicar las medidas disciplinarias y sanciones previstas en la Ley".
Asimismo pretende que "los Ayuntamientos presenten sus cuentas públicas durante el mes de marzo del año siguiente al del ejercicio fiscal anual que será objeto de revisión, ampliando y profundizando la fiscalización en los plazos para emitir observaciones y recibir su solventación correspondiente".
También establece plazos de solventación de los entes fiscalizables "únicamente en la etapa precedente al informe del resultado, con el objeto de facilitar la continuación del procedimiento de fiscalización y la emisión de 8 resoluciones definitivas, que permitan proceder con oportunidad en el fincamiento de responsabilidades contra los servidores públicos involucrados".
Se propone además ampliar los alcances de la fiscalización que realice el Organo a los entes fiscalizables cuyos resultados deberán presentar en su informe del resultado al Congreso del Estado, otro de los puntos propuestos es el de establecer que los servidores públicos fiscalizables obligados por ley a la presentación de las Cuentas Públicas que hayan incumplido este deber legal, por ello, "quedan sujetos a responsabilidad".
Y cuando se trate de responsabilidades determinadas por el Organo de Fiscalización Superior, que implicaron daño patrimonial a la Hacienda Pública, cuyas indemnizaciones y sanciones quedaron establecidas mediante resoluciones definitivas emitidas por el Auditor General "y una vez cumplidos los términos que la ley concede para interponer el recurso de revocación correspondiente, el Congreso, mediante acuerdo y dictamen de la Comisión de Vigilancia, solicitará a la Comisión Instructora instaurar de inmediato, el procedimiento para obtener la declaratoria de procedencia contra los servidores públicos que incurrieron en responsabilidad en los términos del título quinto de la Constitución Política".
El diputado Grajales añadió que con esta iniciativa se pretende dar cumplimiento a la función de fiscalización para cumplirlas, con los estándares de eficiencia, eficacia y economía en la gestión pública y sobre todo, reforzando la confiabilidad de la sociedad hacia nuestras instituciones, transparentando en todo momento la administración y rendición de cuentas del ejercicio de los recursos públicos y servicios a cargo de los entes fiscalizables, concluyó.
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